Reforma Laboral y Sistema de Pensiones (Intro)

La sociedad del bienestar está basada en la propiedad privada, lo que genera una inseguridad innata del miedo a perder lo obtenido. Ese miedo, crea una dependencia a lo seguro y a lo protector, relación que utilizan empresarios y gobernantes para influir en las decisiones de las personas, cuando quieren llevar a cabo un cambio o transformación. La política del miedo no es nueva y sabido es que siempre ha reportado los beneficios esperados. A la misma vez, resulta obvio que estamos ante un momento de alienación social tremendamente profundo. No hay nada más que echar la vista atrás, para darnos cuenta que a pesar de tener la crisis más grave de como por ejemplo los últimos 30 años, aún no ha habido una huelga general en todo el Estado Español, teniendo en cuenta las huelgas que sí ha habido en esos años con una situación grave pero relativamente más liviana.

Lejos de parecer una hipótesis conspiratoria, y sí ser una realidad, todo esto tiene como fondo exponer el control psicológico en pro de la docilidad de la población que las esferas dominantes han conseguido desarrollar. Antaño, la gente sabía que estaba explotada por la violencia del sometimiento que se utilizaba, en cambio ahora, esa explotación está muy nublada debido a la masificación de desinformación existente, que distrae y deslocaliza.

En estos últimos tiempos vemos como día tras día la crisis se acentúa —para los de siempre—, y a la misma vez se va forjando la situación donde los empresarios, como si de lobos se tratase, intentan asustar con la intermediación del gobierno y sus herramientas publicitarias, —que no son otras que los medios de comunicación oficiales—, al trabajador, al ciudadano de a pie, ... al mismo de siempre, ya que es quien mueve esto. A éste grupo de sujetos les afecta directamente la reforma la laboral y del sistema de pensiones que se quiere llevar a cabo, y nuevamente, confirmando lo anterior, se vé como no hay una respuesta coordinada y organizada que dé respuesta a tal pérdida de derechos.

Por lo tanto, voy a copiar dos artículos sobre el tema, que aparecen en el periódico CNT, número 365, de marzo del 2010. Los pondré en orden descendente, primero esta introducción, después el primer artículo y a continuación el segundo.

Espero que os sea de provecho:

Reforma Laboral y Sistema de Pensiones (I)

¿Inviabilidad del Sistema Pensiones, o asalto a la Caja Pública?

El informe que la Comisión Europea redactó sobre la inviabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el PP Europeo utilizan para sugerir “propuestas” de Reforma (como con la que nos han amenazado estos días), es casi una copia de otro informe del Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer Gobierno Zapatero). Tal informe, utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea (no se han molestado ni en actualizarlos).

Atención a los nombres de los “expertos paniaguados” que sostienen la “tesis Taguas”: Miguel de Sebastián que como Taguas también procedía del BBVA (y le sucedió como subdirector de estudios financieros) terminó como director de la oficina económica de la Moncloa y siendo asesor personal del Presidente Zapatero. María Jesús Sáez que fue interventora de la Seguridad Social antes de opinar sobre el tema, y hoy dirige una empresa pública nombrada por el Gobierno socialista. Queda claro que la tesis que ahora se arguye procede de asesores financieros del BBVA dato que hay que recordar.

La tesis Taguas es planteada de forma infantil: El aumento de la esperanza de vida incrementa el número de ancianos, y por lo tanto de pensionistas. La disminución de la natalidad disminuirá el número de futuros cotizantes. Por tanto el sistema es inviable a corto plazo. Menos ingresos, más gasto… (en el saco del que sale más de lo que entra…el fondo de le ve). Para solucionar esto hay que retrasar la edad de la jubilación, aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión, reducir las pensiones (en número y cuantía) y eliminar las no contributivas…. Aunque en el fondo lo que se cuestiona es la esencia misma del sistema. Avanzando una “solución final”: la privatización. El colapso se predijo a mediados de los años 70 (se suponía que en 10 años), dado que no sucedió se volvió a predecir en 80, a principios de los 90, y de 2000. Cómo no, ahora parece ser que el fin del mundo del sistema de pensiones está por el año 2060. Con tanto aplazamiento más que financieros parecen Testigos de Jehová.

El objetivo: La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos de que moviliza más dinero en cualquier país, dinero que en España está, en su mayor parte, fuera del alcance del capital financiero, es decir de los Bancos, de las Cajas y de las compañías de seguros privadas. Fuera del alcance del BBVA, hoy su mayor y más cercano pretendiente. En el fondo de todo esto está el asalto a la Caja pública de Pensiones.

La estrategia: las instituciones financieras tienen intereses inconfesable en alimentar la imagen de insostenibilidad, de crisis de las pensiones públicas, a fin de promover sistemas de pensiones privadas. Especialmente el BBVA, el Banco de España o la Comisión Europea (de dominio neoliberal). Desde estos organismos se reproducen constantemente y periódicamente tesis alarmistas en editoriales y artículos. Añádase un bien orquestado plan mediático que provoque el miedo entre los trabajadores, y una prensa controlada por los lobbies conservadores y liberales (Vanguardia, en El Periódico, en El Mundo y en ABC, El País, cómo no. Y tendremos un panorama en el que nadie duda que la quiebra del sistema de pensiones es inevitable.

¿Porqué ahora?: Hay una clara tendencia ideológica muy utilizada para instrumentalizar las crisis financieras y económicas, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado y retrasado desde hace años (Privatización del sistema de pensiones, y Reforma Laboral). Ahora es más fácil hacer tragar a la opinión pública que la crisis financiera acelerará el proceso de quiebra del sistema. Porque ya nadie duda de que su agotamiento

es algo casi natural.

¿Realmente el sistema está en crisis?

Todos asumen que el sistema de pensiones se colapsará por falta de cotizaciones. Pero no hay una actitud crítica hacia la información real sobre las tasas de crecimiento de la población activa, la incidencia de los flujos migratorios, o de las tasas de desempleo Juvenil. Cuya contención supondría el saneamiento del sistema para los próximos 80 años. ¿Es que esto no perjudica al sistema?, al parecer de los expertos financieros no. Más del 40 % de los jóvenes están parados, a lo que hay que añadir la precariedad, la subcontratación, los bajísimos salarios...¿Esto tampoco afecta?. Nadie menciona que la práctica generalizada de la jubilación anticipada como reducción de plantillas, práctica que no está permitida en muchos países de la UE, es uno de los mayores gastos de la SS. Esta práctica, que termina perjudicando al trabajador, ¿no daña también a la Seguridad Social?. Es obvio que las cotizaciones, en caso de que no hubiera tal prejubilación forzosa, serían mayores. Pero eso no se tiene en cuenta, ni eso ni los ERES, ni nada que no avale la tesis de que el problema es que hay demasiados beneficiarios. Porque entonces el problema tendría solución (con la mejora de las políticas de empleo y la eliminación de privilegios empresariales) y lo que hay que argumentar es que esto no hay quién lo arregle.

¿Porqué los gurús financieros asumen que el sistema de pensiones puede colapsarse por falta de cotizaciones sociales?. En realidad, en España las pensiones, tanto las no contributivas como las contributivas son demasiado bajas, como bien se documenta en el informe del Observatorio Social de España (“La Situación Social en España”, volumen III, 2009). España debe gastarse (para ponerse a nivel europeo) en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta realidad, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15. Su capacidad recaudatoria, por lo tanto, dista mucho de haberse agotado. Tal agotamiento es otra de las tesis que el capital financiero está promoviendo en España, empíricamente falsa, como la anterior. Según los datos elaborados por EUROSTAT España destina el 19,7% del PIB a gastos de protección social, el promedio de la UE-15 es del 28,3%. Si se considera los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE-15.

Pero, asumamos por un momento que las cotizaciones sociales no fueran suficientes en el año 2060, aunque no hay evidencia, sostenible científicamente, que indique esto sea así. El Estado podría financiarlas directamente con impuestos (como ya hacen muchos países europeos). Con lo cual el que fueran o no viables no es una cuestión económica sino política. Pero la política que se está siguiendo en el PSOE es la de las entidades financieras cuyo objetivo no es adelantar o retrasar la jubilación, sino la privatización del sistema público de pensiones, no lo olvidemos.

¿Dónde está entonces la inviabilidad del Sistema de la Seguridad Social Española?: En el interés de entidades financieras privadas de apropiarse del dinero público Asustarnos con el aumento en 10 años en el cómputo de la cuantía de las pensiones, y con jubilarnos a los 67, es una estrategia para presentarnos, como mal menor, las primeras medidas de privatización y exclusión.

Autor: CNT Córdoba
Fecha: 03/2010
Publicación: Periodico CNT - número 365 - Marzo 2010 / Página 5
URL: Página 7 del documento: http://www.cnt-ait.tv/d/1109-2/cnt_365_web_opti.pdf
Fuente: http://www.periodicocnt.org/

Sigue en la entrada siguiente (debajo).

Reforma Laboral y Sistema de Pensiones (II)

CNT ante la reforma laboral y del sistema de pensiones

El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pensionistas cobren cantidades más raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el derecho a las de incapacidad y viudedad.

El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pensionistas cobren cantidades más raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el derecho a las de incapacidad y viudedad.

Ante los argumentos empleados por el Gobierno y los poderes financieros que le apoyan en esta intensa campaña mediática para justificar el recorte de las pensiones hay que decir que las proyecciones demográficas empleadas no tienen la más mínima fiabilidad, como lo demuestran los sonoros errores de las predicciones de las últimas décadas. También cuando manifiestan que en el 2060 el gasto en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%, hay que aclarar que ese porcentaje que se anuncia como insostenible para nuestro país en el año 2060 es similar al que mantienen actualmente algunos países europeos sin ningún problema. Hay también que recordar que hace 50 años nuestro país gastaba en pensiones un 3% del PIB y que, tras haberse casi tripliclado el gasto y aumentado significativamente la esperanza de vida de los jubilados, el sistema no sólo no ha quebrado sino que está en mejores condiciones que nunca. Y todo esto sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Así, según las propias previsiones sobre crecimiento económico del Banco de España, el PIB para el año 2060 se habrá multiplicado por 3, crecimiento que garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el gasto en pensiones. Pero el futuro del sistema público de pensiones no debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico sino en su financiación directa por parte del Estado, pues hay que señalar que España es de los pocos países de la Unión Europea en los que las dichas pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones sociales, siendo lo normal que se costeen con los ingresos normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones no tendría por qué suponer ningún problema, de la misma manera que el Estado gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras parasitarias como el Ejército o la Iglesia que son económicamente insostenibles.

Cabe también recordar que España es, junto con Grecia y Portugal, el país de la UE con las pensiones más bajas: casi el 60% de los pensionistas cobran una prestación inferior al SMI.

Es cierto que hace falta una Reforma del Sistema de Pensiones, pero justo en el sentido contrario al que propone el Gobierno: una Reforma para reducir la Jubilación a los 60 años, aumentar de manera significativa las cuantías, reducir el número de años necesarios para acceder a la jubilación, etc. y financiar estos cambios con un aumento de la presión fiscal sobre las rentas de capital de manera que se compense el enorme trasvase (un 13% del PIB) que en los últimos 30 años se ha producido desde las rentas del trabajo a las rentas del capital.

Ante este gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores que pretende realizar el Gobierno no podemos permanecer impasibles. Ahora más que nunca se hace necesario salir a la calle sin más dilación a mostrar que no estamos dispuestos a permitírselo. El estado español es en materia laboral uno de los que más “flexibilidad” (más modalidades y posibilidades de contratación eventual) concede a las empresas en Europa. Evidentemente, dicha flexibilidad tiene unas repercusiones directas en el empleo, pero también en el sistema productivo, que se ve resentido en la productividad: disminuye la calidad y por tanto la competitividad. Además, produce como efecto “secundario” un mayor número de accidentes laborales: que España encabece las cifras de accidentes mortales y graves en Europa no es casualidad. Las continuas reformas laborales que hemos padecido han agravado la temporalidad, de manera que el 95% de los contratos realizados son temporales; nos encontramos así a trabajadoras contratadas a través de las empresas de trabajo temporal (ETT’s) durante periodos que superan los dos años, y en muchas ocasiones no llegan a cotizar en los periodos de descanso como fines de semana, vacaciones, días festivos, etc. La clase trabajadora ha sufrido tras estas reformas una merma de derechos tan profunda que será difícil recuperar una mínima capacidad de respuesta ante tanto abuso de la patronal. A todo esto hay que sumarle que las ETT’s puedan convertirse en asociaciones con ánimo de lucro y comiencen a establecer cánones a sus usuarias, como ya está ocurriendo en algunas empresas vía on line.

Por si fuera poco, la remuneración media del estado español ha bajado con respecto a la europea en un 34% (en los sectores mayoritarios como la hostelería, desciende hasta los 15.164 € ), mientras que en Europa es de 21.461 €. Los datos son contundentes, y demuestran cómo la patronal y la clase corrupta de la política se enriquecían des me suradamente mientras las trabajadoras poco a poco recorrían la senda de la insuficiencia. Pero si las diferencias salariales con respecto a Europa son enormes, también lo son en el interior: en el sector de la banca, por ejemplo, la remuneración es de 40.012 €, que es un 164% superior al de actividades con menores retribuciones.

También podemos presumir de vivir en el estado con menores presupuestos sociales de la Unión Europea (UE). Si en Europa el gasto público representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), aquí no llega al 40%. La merma en las prestaciones sociales ha llegado a niveles tan escandalosos que el Estado ha tenido que invertir tímidamente 640 millones de euros como parche para los parados que agotaban las prestaciones de desempleo. Esta cantidad resulta ridícula si tenemos en cuenta a los millones de trabajadores desempleados

y si la comparamos con los 99.000 millones otorgados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La ayuda prestada a la Caja Castilla La Mancha, por ejemplo, es de 750 millones, y la indemnización por despido para quienes realizaron la pésima gestión fue de 20 millones de euros.

La posibilidad de “flexibilizar” nuevamente los despidos se cierne sobre la clase obrera, de forma directa o indirecta. Como ya es sabido, la patronal desea convertir sin coste alguno contratos indefinidos en contratos a media jornada, rebajando no sólo las horas, sino también los salarios y las prestaciones sociales. ¿Qué impedirá el despido de esas trabajadoras con indemnizaciones irrisorias? Esta situación puede generalizarse de tal manera que despedir a una trabajadora sea prácticamente gratuito. Si hace unos años un estudio revelaba que para una empresa de 50 trabajadores un despido suponía un coste cero (incluyendo salarios de tramitación e indemnización) gracias a las subvenciones y a las bonificaciones sociales, ahora se deben de estar frotando las manos, o mejor dicho: los bolsillos. Por si ello fuera poco, avanzamos hacia la desaparición de las pensiones, y quienes nos han llevado a esta crisis salvaje quieren privatizar los fondos de la Seguridad Social.

La CNT tiene muy claro cómo atajar esta situación:

· Reducción de la jornada laboral, que estimularía tanto la contratación como la producción.

· Supresión absoluta de las horas extra, que causan un profundo perjuicio a la economía tanto individual como colectiva.

· Recursos del Estado destinados a las trabajadoras y trabajadores, y no a las empresas.

· Eliminación de las subvenciones que reciben banca y cajas de ahorro, permitiendo que la burbuja inmobiliaria caiga definitivamente, reduciendo el ahogo que padecen las personas que se encuentran hipotecadas, pero sobre todo abaratando el mercado inmobiliario y reduciendo los precios de alquiler o compra a valores adecuados a la realidad social existente.

· Retirada inmediata de las tropas que el estado español destina a operaciones internacionales, que acentúan aun más los problemas sociales y de miseria, y suponen unos costes inadmisibles.

Secretaría de acción Sindical
S.P. del Comité Nacional

Autor: Secretaría de acción Sindical / S.P. del Comité Nacional
Fecha: 03/2010
Publicación: Periodico CNT - número 365 - Marzo 2010 / Página 4
URL: Página 6 del documento: http://www.cnt-ait.tv/d/1109-2/cnt_365_web_opti.pdf
Fuente: http://www.periodicocnt.org/

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Un ejemplo de la igualdad democrática

Hoy abordamos el artículo que Juan de la Lama ha publicado en el periódico de CNT, número 365, marzo 2010. En él habla sobre las sentencias que el Tribunal Supremo ha establecido sobre la compatibilidad de indemnizaciones civil y prestaciones de Seguridad Social en el supuesto de accidentes de trabajo, poniendo en evidencia la desigualdad entre un accidente y otro, en base a que diferencian entre dos clases de personas.

Sabios y Doctos

El Tribunal Supremo en sentencias de fecha 3.12.2008 y 24.7.2008 ha establecido la doctrina sobre la compatibilidad de indemnizaciones civil y prestaciones de la Seguridad Social en el supuesto de accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad.

Cuando una persona sufre un accidente de tráfico a consecuencia de una conducta negligente de un conductor, tiene derecho a ser indemnizada por los daños sufridos. Por ejemplo, un peatón es atropellado en un paso de cebra. En ese supuesto el accidentado cobra unas cantidades establecidas por baremo en la Ley del Contrato de Seguro. Estas cantidades reciben el nombre de indemnización civil. Además de estas cantidades, si esta persona está afiliada a la Seguridad Social, percibirá unas prestaciones por incapacidad temporal o por invalidez. En este supuesto la indemnización civil y las prestaciones de la Seguridad Social son compatibles. A nadie se le ocurre que pueda haber un enriquecimiento injusto por percibir dos prestaciones por el mismo hecho, ya que ambas están cubiertas por seguros distintos.

Ahora, cuando la persona sufre un accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad. Por ejemplo, le ordenan subirse a un andamio sin protección y se cae. En este supuesto, según la moderna doctrina del Tribunal Supremo, a las indemnizaciones civiles que deba percibir el trabajador se le deben descontar el importe de las prestaciones comunes percibidas de la Seguridad Social.

El principio ético, jurídico, humano, filosófico es que quien ocasiona un daño por una conducta negligente tiene que repararlo. Esto lo entienden hasta los niños. Si vas con un coche conduciendo negligentemente y atropellas a un peatón en un paso de cebra, le tienes que indemnizar por los daños sufridos, porque se los has ocasionado tú. Si el atropellado es un trabajador y la Seguridad Social le cubre la baja, da igual. El conductor es el causante de los daños y debe indemnizarle en todos los daños, por ser culpable.

Este principio se aplica a todos los culpables. Excepto si son empresarios. Si el infractor es un empresario, y ocasiona daños como consecuencia de una conducta negligente e infractora de la norma, entonces no tiene que reparar íntegramente el daño causado. Solamente lo que no esté cubierto por la Seguridad Social. En la práctica esto supone que el trabajador accidentado por una conducta culpable del empresario no perciba ninguna compensación añadida del empresario, salvo las prestaciones de la Seguridad Social.

Ocurre que si alguien puede dañar impunemente, no tiene ningún motivo para ser cuidadoso y responsable de sus actos. Así España es el campeón europeo en accidentes de trabajo. Esta doctrina del Tribunal Supremo es muy oportuna para los empresarios. Cuando se ha avanzado algo en materia de seguridad y prevención laboral y se intenta reducir los accidentes de trabajo, acude el Tribunal Supremo en auxilio de los empresarios infractores para abaratarles los costes de los accidentes laborales.

Existen dos clases de personas, los empresarios y el resto. Los empresarios son irresponsables, hay que garantizarles la inversión y los beneficios, entonces deciden invertir el dinero con que les subvenciona el Estado. Cuando ganan, todo es de ellos. Cuando pierden, pagan los trabajadores. Incluso existen dos clases de resto. Los viandantes y los trabajadores. Cuando se daña a un viandante se le indemniza con más que cuando se daña a un trabajador. Son razones que se escapan a la comprensión de la gente corriente, solamente los doctos y sabios magistrados del Tribunal Supremo las entienden.

Autor: Juan de la Lama
Fecha: 03/2010
Publicación: Periodico CNT - número 365 - Marzo 2010 / Página 7
URL: Página 9 del documento: http://www.cnt-ait.tv/d/1109-2/cnt_365_web_opti.pdf
Fuente: http://www.periodicocnt.org/

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